En España, los cambios sustanciales coinciden con que el sistema democrático tiene que desenvolverse en un contexto de crisis económica mundial. En tal marco, los sindicatos y el movimiento obrero serán los grandes perjudicados, mientras que los partidos políticos salen reforzados. La Constitución de 1978 diseña dos elementos fundamentales en el mercado laboral: por un lado, se expurgan todas las ordenanzas laborales franquistas sin entrar en su contenido, o sea, en si eran buenas o malas. Ahora es la negociación colectiva la cual debe asumir el espacio antes regulado desde dichas ordenanzas. Segundo, la crisis económica tira a la baja los derechos sociales, lo que se refleja en el Estatuto de los Trabajadores de 1980, una tendencia que se ha ido asentando en pro de la ‘flexiseguridad’: devaluar los derechos laborales si queremos mantener y crear más empleo. Ese argumento empresarial, que es un claro chantaje, ha ido ganando terreno.

Reforma de 1984

La reforma de 1984, con el PSOE en el Gobierno, no se atreve con la reducción de los costes de despido, que son una garantía legal amparada por la Constitución en su artículo 35: la protección del derecho al trabajo. En cambio, sí permite contratar con costes de indemnización exiguos. El PSOE de 1985 abrió una vía paralela de abaratamiento del despido.

Los efectos son evidentes. Sube la contratación temporal hasta el 90%; la flexibilidad otorga al empresario la facultad de decidir cuánto dura el contrato y cómo se realiza la actividad (horarios, salarios, movilidad, etc.). Esto ya sucede mucho antes de la reforma de 1984. A ello se añade el descenso en las tasas de afiliación y la precarización de las condiciones laborales.

Reforma de 1994

Segunda gran reforma del PSOE, con el apoyo de CiU. La justificación es que para fomentar la contratación indefinida se necesita flexibilizar las condiciones laborales. Curiosamente, dos años después la temporalidad ha crecido. Es un ‘regalo envenenado’ porque la negociación colectiva amplifica los contratos de obra y los eventuales, se permite el abuso de los mismos.

A esta tarea echan una mano los propios jueces, quienes desde 1994 argumentan que la flexibilización es conveniente y dan cobijo a contratos de obra donde antes no se permitía. Y la propia inspección de Trabajo desaparece en su rol vigilante.

Para colmo, aparecen las ETTs: mano de obra a precios por debajo del mercado, una máquina incensante de generar mano de obra temporal por horas. Hoy, las ETTs gestionan la mayor parte del empleo juvenil porque las empresas están blindadas a la contratación directa. De aquí mana una fuente constante de precariedad.

Reforma de 1997

Ahora con el PP y el acuerdo sindical. Llama la atención la aceptación sindical de la reducción de los costes por despido vinculada al fomento de la contratación indefinida. Se pasa de los 45 días por año a 33 o menos. Eso se implementa, mientras la condición de la estabilidad en el empleo se diluye. Es más, se flexibiliza el despido por causas económicas y se pervierten los incentivos oficiales a la creación de puestos de trabajo: pagar a las empresas por reconvertir contratos temporales en indefinidos, muchas veces sólo por el tiempo obligado por el incentivo, sin mecanismos sancionadores.

Reforma 2001

La segunda y última del PP. Está auspiciada, de nuevo, por el control de la altísima temporalidad, que nos pone a la cabeza de Europa, y la incorporación de una directiva europea cuyo fin es atajar este mal en la UE. Sin embargo, este espíritu se recoge con una lacónica frase en el Estatuto de los Trabajadores, remitiendo luego a la negociación colectiva. El Gobierno se lava las manos.

Hoy, el problema no es ya solo la precariedad, sino que con un 33 % de temporalidad las empresas sufren, paradójicamente, la escasez competitiva por la falta de cualificación profesional de tanta mano de obra barata. El diálogo social se plantea por enésima vez desde el abaratamiento de los costes laborales, es decir, del despido, lo que es una tomadura de pelo. El Gobierno ha propuesto reducir a 33 días por año los costes de indemnización para todos los contratos.

En cambio, la CEOE dice ‘no’ a tal iniciativa porque es algo ya consolidado en la práctica y no le satisface; quiere más. Quiere el contrato prolongado con una actividad productiva determinada, que no es ni temporal ni indefinido: es un contrato vinculado a una actividad concreta dentro del proceso productivo.

La bestialidad de la reforma laboral en curso

Salce Elvira, sindicalista de Comisiones Obreras, intervino tras el profesor Ricardo Morón. Su ponencia evidenció los graves conflictos internos dentro del sindicato derivados de las sucesivas reformas laborales y las complicadas relaciones con la otra gran fuerza sindical, UGT. Uno de los episodios más intensos recordado tuvo lugar en 1988, cuando el PSOE quiso continuar las reformas de 1984 con contratos de aprendizaje sin ningún tipo de derecho para los jóvenes. «Por eso vamos a la huelga general del 14 de diciembre, lo que frena la ofensiva del Gobierno y además consigue la redistribución de los beneficios empresariales: el salario social, el incremento de las pensiones no contributivas, mejor remuneración a los funcionarios…», señaló Salce Elvira.

La reforma del mercado laboral hoy en discusión, y que el Gobierno quiere ver concluido en julio próximo, se inicia a mediados del pasado año con una declaración de intenciones; sigue la formación de una ‘comisión de expertos’ cuyo informe es entregado en enero como instrumento de trabajo para las negociaciones ulteriores. Este documento habla a tumba abierta de una mayor flexibilidad, cuestiona el cobro de las prestaciones por desempleo, la ampliación del radio de las ETTs a todo el mercado laboral…

El Gobierno, en abril, entrega un documento para la negociación sobre la base de la moderación salarial, la modificación de la contratación temporal, el desincentivo a las rigideces del mercado, el aumento del periodo de prueba en a contratación, etc.

«Nuestra posición, como sindicalistas, debe ser no sólo la de mantener lo que tenemos, sino mejorarlo, contraatacar con una ofensiva, ir a las empresas con una serie de puntos muy claros y explicárselos a todos los trabajadores».
Puntos que Salce Elvira citó, entre otros:

– Revisar a fondo las ETTs.
– Regular a subcontratación.
– Cambios en la legislación para un solo modelo de contratación temporal, por ejemplo, o el contrato de relevo.
– Defensa del trabajador en el despido, causalizando los despidos para todos los trabajadores afectados y en todos los colectivos.
– Despidos improcedentes: derecho de opción.
– Democracia en la empresa: control en la producción, control en las condiciones de trabajo, etc.

Esta campaña, concluyó, debe contar con el respaldo del mundo sindical y de la izquierda política.