Los incendios se combaten en invierno, y con políticas territoriales que apuesten por la gestión ordenada del territorio, la fijación de poblaciones rurales y la expropiación de los montes de titularidad privada con uso meramente especulativo.
Las condiciones del invierno anterior hacían prever un verano muy peligroso en cuanto a incendios forestales y el hecho de que Mijas sea zona de especial protección por tratarse del municipio de Andalucía con más incendios forestales no auguraban nada bueno. Para mayor inquietud, los bomberos de Málaga denunciaban en julio los recortes de efectivos, y el INFOCA también presentaba ajustes, aunque lo peor se estimaba que llegaría el año próximo.
Ahora ya tenemos aquí el desastre: hemos superado las 1.000 Ha de terreno afectadas, incluyendo Barranco Blanco, Mija, que presenta calcinado alrededor del 25% de su término municipal, Monda, Ojén, Coín, Marbella, Alhaurín el Grande…y mientras se escribe esta nota el fuego sigue, sin haber sido controlado.
El dispositivo INFOCA es el que desarrolla la actividad de prevención y extinción de incendios en Andalucía. Este dispositivo funciona excepcionalmente bien en la extinción (gente preparada con mucha experiencia) junto con otros efectivos igualmente excepcionales, pero no existe un plan ambicioso de prevención; los trabajos que se realizan, además, son fundamentalmente en monte público, que en Andalucía comprende sólo el 30% del monte, siendo el resto de titularidad privada.
Realizando un enfoque lo más amplio posible, diremos que frente a los incendios forestales consideramos necesario:
1º.- Que no se produzca el fuego. Por lo que es fundamental continuar trasladando a la ciudadanía la importancia de proteger el patrimonio natural mediante la educación, la cultura y las necesarias campañas de sensibilización e información.
2º.- La prevención: Para ello es crucial recuperar la agricultura de montaña, la ganadería extensiva y el pastoreo, el aprovechamiento silvícola de los montes y el apoyo a la fijación de la población rural a su territorio permitiendo modos de vida tradicionales basados en actividades económicas que permiten rentabilidad económica y ambiental.
Exigir medidas relacionadas con el desarrollo de políticas agroganaderas y silvícolas, así como una ordenación territorial de los recursos que permita aprovecharlos sin comprometer la sostenibilidad ambiental, diversificando las masas forestales, y recuperando los usos tradicionales, tanto como aumentar la vigilancia es lo que garantiza que si, por desgracia, el fuego se declara, tenga poco impacto y sea fácilmente controlable.
Asimismo, y dado que hablamos de un sector productivo que está mayoritariamente en manos privadas, no podemos menos que reclamar el rescate del monte y que, desde lo público, se garantice el cumplimiento de todas las normativas en vigor y de la puesta en marcha de los planes de gestión necesarios para la explotación sostenible de los territorios, a través de una verdadera Reforma Agraria que permita el acceso a la tierra a aquellas personas que quieren trabajarla. Evitaríamos, de esta manera, que gran parte de la tierra andaluza siga en manos de los bancos y grandes fortunas, cuyo único interés es especular con ella y percibir ayudas, pero en ningún caso ponerla a producir.
Todo ello, además, contribuiría de manera clave en la generación de empleo en el medio rural y este es un punto que no debe ser considerado menor en el contexto actual de crisis.
Desde la Administración andaluza se ha presentado, a instancias de IU, un interesante Plan de Empleo Forestal dotado con 90 millones de euros. Es deseable hacer un exhaustivo seguimiento de la ejecución de dicho plan y velar porque la mayor parte de la partida se destine a peonadas que garanticen la limpieza del monte y su adecuación a un buen uso y puesta en valor, evitando en lo posible el gasto en grandes infraestructuras que no sean prioritarias.
3º- La extinción. Los recursos de extinción no pueden ser ilimitados por lo que es fundamental que lo anterior funcione. En Andalucía el dispositivo de extinción es envidiable pero hemos de trabajar para que no disminuya en absoluto, ya que siempre hemos de contar con el factor naturaleza y este puede ser muy dañino e imprevisble.
En esta línea, también hemos de reforzar la investigación y la implicación de jueces y fiscales para que se aplique la ley contra quienes provoquen incendios forestales. La propuesta de aumentar las penas, ya duras -oscilan entre 5 y 20 años según las consecuencias ambientales y si se pone en riesgo la vida de las personas-, es una forma populista de abordar el problema, pero que en ningún caso contribuye a disminuir el número de incendios. El endurecimiento de las penas rara vez consigue, por sí solo, disuadir del delito.
Desde el PCA tenemos muy claro que la climatología no puede ser la excusa que año tras año se presente: la climatología es la que tenemos, y según los expertos en esta materia el número de incendios originado por causas naturales o accidentales en los ecosistemas mediterráneos es muy reducido; lo que marca la diferencia respecto al número de hectáreas quemadas entre un periodo y otro es la inversión que se realiza en prevención, extinción, gestión del monte, etc. Disminuir en esas partidas convierte a los responsables políticos en culpables de los incendios. También lo es seguir repitiendo errores en la gestión de los montes.
Tampoco olvidamos que los efectos de los incendios han sido catastróficos también en el plano económico para las poblaciones rurales de las zonas afectadas. En el contexto actual de crisis, se hace imperioso no dejar desatendidas a estas poblaciones y garantizar la llegada de recursos suficientes para impulsar la creación de empleos relacionados con la gestión ambiental, el turismo rural, el aprovechamiento de los productos forestales, las actividades agrícolas y ganaderas y que, además, restauren y protejan los montes.
Por último, indicar que Andalucía presenta el 50% de su superficie como forestal y, por tanto, nos estamos jugando mucho con su protección: en lo ambiental, y también en lo socioeconómico.?
Secretaría de Ecología Política del PCA-Málaga
