La Comisión de la Verdad pide la derogación de la Ley de Amnistía, impuesta en 1979 por el gobierno militar del general Figueiredo, que consagró la impunidad de los delitos contra la humanidad cometidos por los golpistas. Y ha decidido además exhumar los restos del presidente Goulart, para investigar las causas de su muerte en 1976 que, según la versión oficial, se produjo como consecuencia de un ataque cardíaco.

La legislación internacional prohíbe las amnistías que protegen a los responsables de secuestros, torturas y asesinatos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos exige al gobierno de Brasil el procesamiento de los criminales de la dictadura.

Goulart, derrocado por un golpe militar en 1964, murió cuando preparaba el regreso a Brasil desde su exilio en Argentina. El agente de los servicios secretos uruguayos Mario Barreiro ha confesado que Goulart fue envenenado en una conspiración del régimen militar de Montevideo por encargo de la dictadura brasileña. El asesinato forma parte de la Operación Cóndor con la que los gobiernos de los generales coordinaban la persecución a los opositores, con la colaboración de la CIA, sin respetar las fronteras de América Latina.