El ataque del PP al sistema público de pensiones constituye una de las mayores agresiones contra los trabajadores entre las políticas de austeridad impuestas por la troika y desarrolladas antes por el Gobierno del PSOE y ahora por el del PP.
En efecto: ambas reformas coinciden en sus objetivos. Se trata de imponer en España el sistema privado de pensiones para continuar fortaleciendo al capital financiero y de asegurar que el Estado deja libres recursos suficientes para pagar la deuda al sistema financiero internacional.
Esta última reforma conlleva un notable incremento de la pérdida de poder adquisitivo de cada pensión. El recorte global de 33.000 millones de euros hasta el año 2022, que la propia memoria del proyecto de Ley del PP reconoce, se suma a los habidos con la reforma del PSOE y los amplifica. Además, ese cálculo responde a la idea de que el IPC aumentará una media del 1% en los próximos años, previsión que no se corresponde con la experiencia en cuanto a la evolución del IPC. Hasta el CES reconoce la pérdida de poder adquisitivo.
El nuevo Proyecto de Reforma de las Pensiones del Partido Popular representa sustanciales agravamientos respecto de la reforma del PSOE de 2011, y que pueden resumirse en el adelanto de la aplicación del factor de sostenibilidad a 2019 y la no vinculación al IPC del incremento de las pensiones.
Hay que reconocer y saludar que, ante la reforma actual, los sindicatos mayoritarios y el propio PSOE han reaccionado cuestionando algunos de los planteamientos de fondo que ante aquél proyecto de Ley aceptaron o, en el caso del Gobierno socialista, implementaron. Comisiones Obreras ha estimado que la reforma del PP conlleva una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas entre un 14,8% y un 28,3% durante los próximos 15 años, según se concreten los elementos de la reforma del sistema y según sea la inflación real.
El discurso justificativo de la Reforma: una letanía monocorde
Los expertos ideólogos del capital financiero, entre los que se encuentran una parte sustancial del Grupo de Expertos que ha elaborado el informe en el que se fundamenta la reforma del PP, plantean que un presunto y amenazante “colapso demográfico” provocaría un creciente e insostenible peso del número de pensionistas sobre el total de la población. Bancos y Cajas llevan publicando desde hace 20 años las mismas falsas previsiones. El objetivo: crear alarma sobre el futuro de las pensiones públicas. Nada de eso ha ocurrido, pero este Proyecto de Ley ha convertido dicho catastrofismo interesado en piedra angular de su Reforma de las Pensiones.
Se trata de un discurso falaz y demagógico, que es preciso combatir enérgicamente, porque el sistema público de pensiones no está amenazado.
De hecho, y sin que hayan sido aplicadas ninguna de las medidas de las reformas del PSOE, el sistema es viable y sólo ha sido necesario recurrir al Fondo de Reserva tras cinco años de crisis, un nivel de paro del 27%, niveles de economía sumergida próximos al 25% del PIB, y un descenso de las rentas salariales superior al 7%. Precisamente el Fondo de Reserva fue creado para contingencias de este tipo.
El aumento de la esperanza de vida se justifica en la Memoria de forma mecánica y simplista. No se tiene en cuenta que la esperanza de vida depende de factores sociales, económicos y sanitarios que no responden a una mera matriz matemática. De hecho, es conocido que tras el cambio de sistema en la antigua Unión Soviética, la esperanza de vida del conjunto de la población descendió 10 años o que, según recientes estudios, el aumento de la esperanza de vida se ha estancado en España como consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales.
Es cierto que el número de pensionistas aumentará de forma significativa en el futuro, pero no es menos cierto que el incremento mayor comenzará a limitarse a partir de 2050 como consecuencia de la desaparición de las personas integrantes del baby boom de la década de los 60. Si, efectivamente, la población española está actualmente disminuyendo, ello también apunta, por lógica, a que el número de pensionistas también disminuirá en su momento en términos absolutos.
En todo caso, es muy osado hacer predicciones concretas sobre demografía en un horizonte superior a 10 años y no se puede atribuir a las mismas un carácter científico. Esto queda claro si se examinan las previsiones del INE de hace 30, 20 o 10 años y se comparan con la realidad actual.
Tampoco es aceptable, desde nuestro punto de vista, fundamentar el análisis en una concepción limitada de la llamada tasa de dependencia, es decir en la mera relación numérica cotizantes/pensionistas. Al menos y en cualquier caso habrá que tener en cuenta la relación ingresos por cotizaciones/gasto en pensiones contributivas, lo que está vinculado al nivel de salarios, al nivel de cotizaciones y su modalidad (topadas o no, penalizadas en determinados tipos de contratos o en horas extras o no, etc.), entre otros factores. Viçens Navarro y otros autores insisten en que también hay que tener en cuenta el aumento de la productividad.
Una propuesta para aumentar los recursos del sistema y mejorar las pensiones
Frente a la política dictada por la troika de rebaja de las pensiones y disminución del poder adquisitivo de los pensionistas, Izquierda Unida tiene una alternativa para reforzar los recursos del sistema, mejorar las pensiones, especialmente las más bajas, avanzar en la disminución de la edad de jubilación.
No se trata, por tanto, de volver a la reforma del PSOE, sino de avanzar hacia un modelo más justo.
Los principios económicos de la alternativa de IU son:
1)No reconocer que el sistema público de pensiones esté amenazado, a no ser por las políticas neoliberales y sus consecuencias.
2) Reforzar los ingresos del sistema mediante una nueva política de recaudación.
3) Separar los gastos de servicios de protección social que ejecuta el sistema de la Seguridad Social de los gastos en pensiones contributivas.
a. Los gastos en servicios de protección social deben ser financiados progresivamente por vía fiscal.
b. Los gastos en pensiones contributivas (esencialmente, jubilación e incapacidad) serán financiadas con cotizaciones sociales.
c. En última instancia, el Estado es el responsable subsidiario de un sistema de pensiones digno, tal como establece la Constitución.
Si partimos de los presupuestos de 2013, las cotizaciones sociales exceden en unos 5.800 millones de euros al gasto en pensiones contributivas en sentido estricto. Separar definitivamente las fuentes de financiación, permitiría mejorar unas pensiones ya garantizadas. Aumentar los ingresos del sistema hará posible mejorar y avanzar hacia el cumplimiento de las propuestas de descenso de la edad de jubilación que defendemos.
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Principales medidas de la alternativa de Izquierda Unida
A) Medidas de sustitución de fuentes de financiación
1.- Sustituir todas las medidas de reducción de las cotizaciones por medidas de bonificación.
2.- Financiación por los PGE de los programas y gastos de personal de la Seguridad Social que no se corresponden con las pensiones contributivas.
3.- Acuerdo en el Pacto de Toledo para la financiación progresiva en los PGE de las prestaciones por muerte o supervivencia.
4.- Recuperación progresiva por parte de la Seguridad Social de la deuda del Estado para financiar la separación de fuentes.
B) Medidas de aumento a corto plazo de recursos
5.- Elevación de los topes de cotización máxima que correspondan a partir de 1 de enero de 2014 en un 20%.
6.- Incremento de la cuota patronal en las contingencias comunes en casos de contratación precaria y horas extras.
7.- Combatir radicalmente el fraude patronal.
8.- Ampliar la regularización de los trabajadores domésticos.
C) Medidas a medio plazo
9.- Equiparación progresiva de las bases medias de cotización de los Trabajadores Autónomos con los del Régimen General.
10.- Lucha eficaz contra la economía sumergida.
11.- Elevación del Salario Mínimo a 1.100 euros mes en lo que queda de legislatura.
12.- Programa eficaz para garantizar el principio de “a trabajo igual, salario igual” y conseguir la equiparación del salario de las mujeres con el de los hombres.
13.- Programa de recuperación de empleo hasta lograr al menos la generación de los 3 millones de empleos destruidos por la crisis.
