Si la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, tardó en reaccionar ante la huelga de limpieza y jardinería no fue porque no estuviera avisada de ella. Y no desde que en la Junta de Gobierno del 4 de abril presentara en sociedad este primer contrato integral que absorbía a 39 anteriores y con el que calculaba un ahorro de 32 millones de euros. Lo que no se planteó, o no quiso hacerlo, es de dónde saldría ese dinero. Los ingresos de menos saldrían de los recortes de puestos de trabajo y sencillo lo tenían ya que, y este es el meollo del problema tanto en este contrato como en los cinco restantes, el Ayuntamiento se ha negado a fijar mínimos de plantillas o ratios para que los servicios se cumplan con la calidad y eficacia que merecen los ciudadanos que los pagan. Pero ya mucho antes, en concreto desde 2010, el grupo municipal de IU había alertado de esta circunstancia. Desde entonces nada menos que en 23 ocasiones, entre comisiones y Plenos, trasladó esta preocupación al equipo de gobierno. La concejala encargada de hacerlo, Raquel López, fue calificada de “agorera” y acusada de meter miedo a los trabajadores.
Finalmente no lo tuvieron y su lucha ejemplar, no la reforma laboral pese a los dislates de la alcaldesa, evitó lo que se temían todos menos quienes deberían haber ejercido la responsabilidad para que no sucediera desde el primer momento. Tras trece días de paro las empresas renunciaron a despedir a los 1.134 empleados previstos a cambio de un expediente de regulación temporal de empleo y congelación salarial para los próximos cinco años. Este fue el primero de seis contratos integrales y, posiblemente de otros tantos conflictos, pues se trata de un problema estructural: vender al mejor postor lo público sin preocuparse de más.
El Servicio público de limpieza y conservación de los espacios públicos y zonas verdes: limpieza viaria, mobiliario urbano, mantenimiento de parques, que esa es su denominación completa, ha sido concedido por ocho años con posibilidad de una prórroga de dos. Se ha dividido en seis lotes, cada uno corresponde a una zona. El presupuesto total del contrato era de 2.316,9 millones de euros y finalmente se adjudicó por 1.943,5, un 16,2% menos sobre la cantidad inicial aunque ya se licitó por un 10% menos que el anterior. En total se presentaron 14 empresas y las adjudicatarias han sido cuatro: CESPA, Valoriza, la UTE Obrascon-Huarte-Lain-Ascam y otra UTE de FCC-Alfonso Benítez. Entró en vigor el 1 de agosto. El éxito de la huelga no debe soterrar sin embargo que por el camino se han quedado 350 trabajadores y trabajadoras despedidos en plantilla de aquellas empresas no adjudicatarias del servicio y que han dejado en la calle a estos empleados pese a tener en sus convenios cláusulas de subrogación.
En el caso del segundo, el de Servicio Integral de Movilidad de la ciudad de Madrid (Servicio de estacionamiento regulado, señalización de calles) el pliego de condiciones salió el 1 de agosto con vigencia para los próximos 12 años. Empezó a funcionar el 1 de noviembre. También se partía de un presupuesto un 10% menor por parte del Ayuntamiento. Finalmente, el total de la rebaja ha sido del 16%. No se fija ninguna ratio de personal para realizar las funciones y, según denuncian los sindicatos, se invaden competencias de otros colectivos como los agentes de movilidad o los auxiliares de policía. En la actualidad estos servicios son prestados por unos 1.200 trabajadores de los cuales, por el momento, catorce no han sido subrogados.
En cuanto al Contrato Integral de Infraestructuras Viarias de la ciudad de Madrid (pavimentos y obra civil, mantenimiento de carreteras, baches, aceras…) la concesión es por ocho años. Anteriormente estas tareas las realizaban seis empresas constructoras en otras tantas zonas de la capital. Con las nuevas condiciones impuestas por el equipo de gobierno sale con un presupuesto reducido a la mitad sobre la anterior partida. Ahora serán sólo tres zonas. Las empresas que acaban de prestar el servicio cuentan con 350 empleos directos y otros cien indirectos. Las empresas adjudicatarias tendrán que hacer fuertes inversiones en la ciudad durante los tres primeros años por lo que no tendrá beneficios significativos hasta el cuarto. No es difícil suponer que cuadrarán sus balances de beneficios a costa de reducir plantilla.
El cuarto de los seis sacados a subasta por el área de Medio Ambiente afecta al Contrato integral de servicio público de parques y viveros municipales (parques históricos, forestales y grandes parques y viveros). La dotación económica de este contrato asciende a 386,2 millones de euros y las adjudicatarias lo harán por 246,2 millones, es decir el 36,2% menos. Se han concedido en tres lotes a Acciona, Eulen y Raga aunque todavía no se ha puesto en marcha y los trabajadores/as temen correr la misma suerte que los de la limpieza. En la actualidad hay 1.100 trabajadores de las empresas más 200 funcionarios.
En cuanto al penúltimo ya ha sido motivo de conflicto de tal modo que tiene convocada una huelga para el 10 de diciembre. Afecta en concreto a instalaciones y suministro de energía de alumbrado, semáforos, túneles, M-30, fuentes…. Ocupa a unos 700 trabajadores. El pliego modifica los requisitos exigibles en relación al personal y, por ejemplo, sólo exige tres años de experiencia en el sector. Las empresas deberán hacer también cuantiosas inversiones en el cambio de luminarias de menos consumo energético y no será hasta el cuarto año cuando empiecen a percibir beneficios reales. Creemos que lo harán a costa de los trabajadores/as en la primera parte del contrato.
En cuanto al último, aunque para nada el menos importante, regula la recogida de basuras. Ocupa a 1.600 empleados. En la última licitación el concurso quedó desierto ya que sólo pujó FCC, actual prestataria del servicio, y lo hizo un 40% por encima del precio de salida. Los sindicatos creen que con el nuevo tipo de contratación se iría a la calle casi el 50% de la plantilla actual. Los conflictos no acaban más que empezar.
