A mediados del mes de febrero el Partido Popular utilizó su rodillo de la mayoría absoluta para recluir la justicia española en la cárcel de la ‘realpolitik’, imposibilitando que ésta actúe más allá de nuestras fronteras cuando así lo considere oportuno debido a la grave naturaleza de los delitos que se estén investigando. Según la reforma aprobada exclusivamente con los votos del Partido Popular, los jueces solo podrán investigar delitos de genocidio o lesa humanidad cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o cuya extradición haya sido denegada.
Esta decisión, que antepone los intereses geopolíticos y económicos de un país a la justicia y a la lucha por los Derechos Humanos provocará que casos tan graves como la investigación del asesinato del cámara de televisión José Couso durante la última Guerra del Golfo queden archivados si no se revierte pronto la situación.
El PSOE, por su parte, ha afirmado su intención de llevar al Constitucional esta reforma de la Justicia Universal, que, por otra parte, se ha tramitado por vía ultrarrápida, cosa de la que se queja el partido de Alfredo Pérez Rubalcaba, que parece olvidarse de que esa fue la forma elegida por parte de PSOE y PP para tramitar la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, que ha dado cuerpo legal al ‘austericidio’ capitalista que vivimos.
De lo que también parecen olvidarse tanto Rubalcaba como el PSOE, que durante la segunda mitad del mes de febrero se han erigido en paladines de la justicia universal, es que en el año 2009, cuando el PSOE estaba en el Gobierno, esa misma justicia recibió un hachazo político que limitaba su acción.
En aquel año el PSOE estableció que las causas internacionales que juzgaría la Audiencia Nacional tenían que estar ‘conectadas’ con España. El delito tendría que haber sido cometido por un ciudadano español o las víctimas de los delitos deberían ser españolas (precepto que elimina la lamentable reforma del PP).
Esta reforma del PSOE limitó la sentencia del Tribunal Constitucional que posibilitaba a la justicia española la interposición de querellas contra presidentes, ex-presidentes militares de diferentes gobiernos por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones. El peso, aquí también, de la ‘realpolitik’ era palpable.
Esto se pudo ver en una de las causas que por aquel momento investigaba el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que había admitido una querella contra un ex ministro y seis militares israelíes por un ataque del Ejército israelí sobre Gaza en 2002, en el que murieron un líder de Hamás y 14 civiles. La limitación por parte del PSOE a la acción de la Justicia Española en causas internacionales cosechó, en este caso, la felicitación explícita del presidente israelí Simon Peres.
Vemos, pues, cómo el PSOE no optó entonces por una justicia universal sin límites que es la que hoy dice defender, algo que nos dignificaría como país, sino que aplicó los límites que, en esos momentos, la geopolítica le exigía, y relegó los Derechos Humanos a un segundo plano.
