Se sabe que el rey tiene una fortuna, que no toda es fortuna legítima, pero en los poderes del Estado parece como si casi nadie lo quisiera saber. Los ciudadanos sin embargo, por supuesto que quieren saberlo. Como algún biógrafo dijo, «llegó con una mano delante y otra detrás», pues venía de Lisboa y vivía de las propinas que le dejaba caer Francisco Franco.
A la muerte del Generalísimo, es conocido que Juan Carlos de Borbón estrechó lazos y relaciones económicas con las monarquías de los petrodólares árabes imponiendo un impuesto revolucionario por cada barril de petróleo que España compra a los jeques árabes. Él nunca lo ha negado. Algunos creen que se convirtió en uno de los principales comisionistas de España también por su trabajo de lobby continuado ante gobernantes y jefes de Estado latinoamericanos, a favor de la obtención de contratos para las grandes empresas españolas en América Latina.
Ruiz Mateos ha contado reiteradas veces que en esa época tenía diez bancos y que el rey llamaba a los banqueros para quejarse que no podía pagar ni la luz de la Zarzuela. Con la Guerra del Golfo, 1991, su testaferro Manuel Prado y Colón de Carvajal cobraba las comisiones ilegales que pagaba la empresa KIO, propiedad del jeque de Kuwait. Prado acabó en la cárcel y al poco se murió sin que nadie se atreviera a pedir cuentas al rey.
Recientemente la revista Forbes publicaba que la oscura fortuna del rey superaba los 1.780 millones de euros. Si no fuera oscura e importante, ¿no se haría pública sin problemas? El periodista Gómez Parra ha publicado que el conde de Fontao, José Manuel Romero, diseñó en los 90 un plan de lavado de dinero y de impunidad ante Hacienda, que contó con la mirada para otro lado de los gobiernos de PSOE y PP.
Cuando su yerno Urdangarín llega a ‘la familia’ y monta sus propios negocios ilegales se conocen las donaciones de más de un millón de euros en dinero negro que el rey ha hecho a su hija Cristina para comprar una vivienda de hiperlujo en Barcelona. Se destapa otra vez el escándalo: ¿de dónde lo ha sacado?
Los ciudadanos tienen derecho a saber. ¿Qué democracia es este Estado si el patrimonio del jefe del estado está bajo sospecha? No se trata de exigir transparencia sólo en el gasto público de la Casa Real, sino de acabar con años de una impunidad intolerable protegida por el bipartidismo y la Constitución. ¿Abdicación? ¿En esta coyuntura? No lo esperen los monárquicos partidarios de Felipe.
Menos mal que está más cerca la República.
