Desde el estallido de la crisis se ha abierto un panorama de destrucción social y económica que ha dilatado la brecha existente entre el capital y el trabajo en la sociedad española. El azote de la recesión ha tenido un especial impacto sobre la desigualdad. La trayectoria del índice de Gini en los últimos años así lo refleja al ascender hasta un 34,7 en 2014, uno de los niveles más altos de toda la UE. Durante el periodo 2008-2014 la proporción entre los ingresos del 20% más rico y los del 20% más pobre aumentó un 21,4%, el mayor incremento de toda la UE.
Para valorar el verdadero significado de este repunte de la desigualdad se hace necesario integrar en el análisis las causas que desencadenaron la crisis así como la reacción adoptada frente a ella. La recesión por la que atraviesa actualmente la economía mundial es el resultado de las crecientes presiones a las que queda sometida la rentabilidad, como consecuencia inherente a la propia lógica de acumulación capitalista. La vía utilizada para aliviar estas tensiones sobre la ganancia ha sido el deterioro del salario y de las condiciones de empleo.
En el caso de la economía española, la reacción no puede ser entendida sin contemplar su inserción en el proyecto de integración europea: el euro se ha erigido como un instrumento para asegurar el sometimiento de los salarios. Aunque la Eurozona no contaba con instrumentos específicos para abordar las situaciones de crisis, se improvisa la institución de un fondo de rescate, con la impronta del FMI, en el que la concesión de recursos financieros a los Estados miembros queda condicionada a la aplicación de paquetes de ajuste salarial.
Además, la respuesta comunitaria se ha materializado en dos acuerdos que han auspiciado el disciplinamiento de los salarios. Por un lado, el eje central del Pacto del Euro lo conforma la estrategia de contención de costes laborales, sustentada sobre la propuesta de vincular el avance de los salarios nominales –es decir, sin considerar la variación del nivel de precios- al de la productividad en términos reales, descontando, en este caso, la tasa de inflación. De este modo, se garantiza que los eventuales progresos de los salarios reales no agoten el avance experimentado por la productividad.
Por otra parte, la Unión de Estabilidad Presupuestaria ha supuesto la incrustación de la disciplina fiscal en los tratados constitucionales, incorporándose también en el caso español la prioridad en el pago de la deuda sobre el resto de partidas del gasto público. De este modo, se consigue constreñir otros componentes salariales como las prestaciones por desempleo, las pensiones por jubilación y los servicios sociales públicos.
De manera particular, en el caso español las medidas aplicadas han mantenido un marcado carácter de clase, situando en el ojo del huracán el conflicto distributivo. Se ha profundizado en el ajuste salarial en un intento a la desesperada por revertir el deterioro de la ganancia, mediante una intensa devaluación de la negociación colectiva, una agresiva reforma laboral y un significativo recorte del gasto social público acompañado de un proceso de estatalización de pérdidas, cristalizado fundamentalmente en el rescate financiero.
En 2012 se alcanza un Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva de carácter plurianual que contempla ínfimos avances para los salarios y en los últimos años el salario mínimo ha quedado congelado. Las contrarreformas laborales aplicadas han reincidido en el debilitamiento del marco de negociación colectiva, facilitando los descuelgues de los convenios colectivos por parte de las empresas y permitiendo la modificación unilateral de las condiciones contractuales básicas alegando razones de competitividad.
También han potenciado el uso de las formas más precarias de contratación, relajando los criterios para utilizar contratos de formación y aprendizaje y permitiendo la realización de horas extraordinarias por parte de trabajadores contratados a jornada parcial. La creciente importancia relativa de estos contratos explica que los asalariados cuya remuneración es igual o inferior al salario mínimo haya ascendido durante este mismo periodo desde el 7,8% de 2007 hasta el 13,28% de 2013. El crecimiento del empleo parcial refleja también la mayor incidencia del subempleo, que se ha duplicado durante estos años: si en 2007 el 32,3% de los asalariados con contrato a jornada parcial declaraban haberlo aceptado por no haber podido encontrar un contrato a jornada completa, en 2013, estos trabajadores representaban un 62%.
Además, han abaratado el despido, relajando los requisitos para que un despido sea considerado procedente. Asimismo, se ha posibilitado el despido libre al aumentar la duración del periodo de prueba, en algunos casos, hasta un año. A pesar del debilitamiento que estas medidas han generado sobre la protección al empleo, España sigue mostrando un elevado índice de temporalidad, solo por detrás de Polonia en toda la UE. Además, los contratos temporales mantienen una duración media cada vez más reducida: desde los 78 días de promedio en 2008 hasta los 53 de 2014.
En plena explosión de las tasas de paro, las cuantías de las prestaciones por desempleo se han reducido. El acceso a las pensiones públicas de jubilación se ha endurecido mediante el retraso de la edad de retiro, lo que se ha conjugado con un cómputo desfavorable para su cuantía así como con la ruptura del compromiso de mantenimiento de su poder adquisitivo. También se ha abierto la puerta a futuros retrasos sucesivos de la edad de jubilación al vincularla a la evolución de la esperanza de vida. Los salarios de los empleados públicos han sufrido profundas mermas y el gasto público de carácter social ha quedado sometido a intensos recortes, especialmente en los capítulos de sanidad y educación, con el objetivo de cumplir con el compromiso fiscal adquirido.
La aplicación de este conjunto de medidas ha supuesto un ataque directo a los salarios. El salario real ha quedado prácticamente estancado: durante el periodo 2009-2014, el crecimiento acumulado por el salario medio por hora de trabajo, una vez descontado el efecto de los precios, ha sido del 1,16%. No obstante, el indicador que permite comprender de manera más rigurosa la situación de la clase asalariada es el salario relativo, entendido como la participación de las rentas salariales en el ingreso total. Su erosión, desde el 50,1% de 2008 hasta el 47,1% de 2014, contrasta con el creciente peso de las rentas derivadas de la propiedad, desde el 41,7% hasta el 42,9%, durante el mismo periodo.
Aunque se puede encontrar cierta línea de continuidad con el patrón mantenido durante las últimas décadas, la profundidad de las reformas y la beligerancia utilizada en su implementación sitúan a este marco de política económica en un plano cualitativamente distinto. Las crisis en el capitalismo se reproducen en un plano cada vez más elevado de tal manera que la respuesta del capital es cada vez más incisiva. Por lo tanto, el escenario de creciente polarización social desplegado responde a la necesidad por parte del capital de explotar de manera creciente al trabajo. Mientras que la dinámica de acumulación quede subordinada a la rentabilidad, el antagonismo entre capital y trabajo será creciente.
