En marzo, cuando el COVID-19 se estaba extendiendo por el mundo a un ritmo alarmante, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, alcanzó un gran foco mediático. Sus medidas para enfrentar esta pandemia se han convertido en virales gracias a su manejo de las redes sociales.
Pero, ¿qué hay de realidad tras la propaganda? A priori, los resultados de las políticas adoptadas no parecen acompañar al éxito mediático de su anuncio. Hay, según fuentes del gobierno, 261 casos confirmados, 72 se han recuperado y, lamentablemente, 8 han fallecido. A la emergencia sanitaria se añade una crisis política, que tiene su detonante en la vulneración reiterada por parte del presidente de la división de poderes, y una crisis social que amenaza a los sectores más vulnerables de un país con más de medio millón de hogares bajo el umbral de la pobreza.
El 13 de marzo, pocas horas después de que la OMS declarase la pandemia, Bukele sorprendía una vez más al mundo con el anuncio de sus recetas sanitarias. Como viene siendo habitual en su particular estilo de gobierno, anticipó estas medidas a través de su cuenta en la red social Twitter, a la que siguió una comparecencia que rápidamente se viralizó. Su estrategia pivota en torno a dos ejes: limitar la propagación del virus por medio del cierre de fronteras y una estricta cuarentena domiciliaria obligatoria. Y frenar el impacto de las consecuencias sociales a través de la cancelación o postergación del pago de diferentes impuestos y facturas, así como de la creación de un bono de 300 dólares para las personas económicamente más vulnerables.
Hay en la estrategia de Nayib Bukele tres características definitorias: autoritarismo en la gestión, militarización de la sociedad e improvisación en la aplicación de las medidas aprobadas.
Una estrategia improvisada
Sin un solo caso confirmado de coronavirus, el gobierno salvadoreño declaró el Estado de Excepción y la suspensión de las garantías constitucionales que afectan a la libertad de circulación (entrada, salida y permanencia en el territorio nacional) y a la libertad de asociación y reunión.
A estas medidas restrictivas les siguió la cuarentena domiciliaria obligatoria. Las clases en los centros de enseñanza públicos y privados fueron suspendidas, cerrados los establecimientos considerados como no esenciales y cancelada toda actividad religiosa, cultural o deportiva, mientras que se apostaba por el teletrabajo (aunque no existía en ese momento ninguna ley que lo regulase) y eran enviados a sus hogares miles de trabajadores cuyo sustento diario depende de lo que consiguen vendiendo en la calle.
La imposición de la cuarentena, en un país donde 7 de cada 10 ciudadanos forman parte de la economía informal, anunciaba la quiebra económica de miles de familias. Para paliar los efectos del drástico plan de contención, Bukele propuso una batería de medidas sociales en las que destacan las siguientes: cancelación de las facturas de marzo, abril y mayo de los servicios de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones; moratoria de tres meses en el pago de las hipotecas y alquileres; facilitación de la importación de bienes con un valor inferior a 200 dólares; y reforma de la Ley de Protección al Consumidor para sancionar a quienes, a través de la subida desorbitada de precios, traten de hacer negocio con bienes o servicios aprovechándose de la situación.
A estas iniciativas se unió la distribución de un subsidio de 300 dólares para aquellos hogares cuyo consumo energético no pasara de los 250 kilovatios. Pese a lo beneficioso que pudiera resultar este bono, todo lo relacionado a su ejecución ha sido un completo desastre. Por un lado, fueron excluidos como beneficiarios grupos muy necesitados, como las trabajadoras sexuales o algunos vendedores informales. Por otro, la web habilitada para informar a los ciudadanos si pueden o no solicitar esta medida colapsó a los cinco minutos de su lanzamiento y las sucursales bancarias y sedes administrativas encargadas de su pago se paralizaron ante la avalancha de personas que se presentaron reclamando una ayuda. Algunas de ellas llevaban días sin comer, tal y como declararon ante los medios de comunicación que cubrían la noticia.
La cuarentena ha degenerado en una agudización de la crisis alimentaria. Con la producción nacional bloqueada y los mercados cerrados, han surgido graves problemas de abastecimiento. El país no contaba con los recursos necesarios para satisfacer la demanda interna de un producto tan básico en la dieta centroamericana como es el frijol. Bukele, que había acusado al presidente nicaragüense Daniel Ortega de no adoptar una política «seria» frente a la emergencia sanitaria, tuvo que solicitarle a los pocos días de confinamiento que le abasteciera de frijol para cubrir el déficit. El hambre comienza a ser una realidad para los más vulnerables.
La improvisación del ejecutivo salvadoreño se hizo patente en los primeros días del confinamiento, aun cuando el país apenas contaba con casos positivos. Los trabajadores del hospital de Ametepec denunciaron la carencia de equipos de protección para el personal, algo que también ocurriría con las mascarillas y geles en las delegaciones policiales. Con el desbordamiento del sistema sanitario ante el aumento de los contagios, Bukele tuvo que solicitar ayuda médica a Cuba, apenas un año después de que fueran expulsados los oftalmólogos cubanos que trabajaban en el país desde 2015.
Las ocurrencias de Bukele, como la destitución de la ministra de Salud en plena emergencia sanitaria, han situado al país en una delicada coyuntura. Con un endeudamiento de 2.000 millones de dólares para financiar su política sanitaria, la respuesta que ha ofrecido el carismático presidente a la incertidumbre de su pueblo ha sido la agudización de su deriva autoritaria, apoyándose para ello en las Fuerzas Armadas.
Los militares toman las calles
Desconfiado de la disciplina de su pueblo o, quizás, consciente de que el hambre podría más que el miedo a enfermar, Bukele ha dispuesto que la Policía Nacional Civil y el Ejército tomen las calles para garantizar el cumplimiento de la cuarentena. Militarización de la vida cotidiana que ha sido camuflada por el presidente como un «cerco sanitario».
Militares y policías tienen un doble cometido: custodiar las fronteras para que nadie ingrese al país por los 142 «puntos negros» señalados por el gobierno como vías de entrada clandestinas y asegurar que ningún ciudadano vulnere el confinamiento.
La presencia militar va acompañada de un aumento de la represión. El gobierno ha ordenado la detención de los que se salten la cuarentena para ser posteriormente trasladados a «centros de contención». Una decisión declarada ilegal por la Corte Suprema.
La improvisación del ejecutivo es nuevamente palpable en la organización de estos «centros de contención» para los infractores y los sospechosos de contagio. Un día después de anunciar la existencia de tales centros, el gobierno tuvo que admitir que aún no estaban definidos ni equipados. ¡Una improvisación tras otra! En la actualidad, cerca de cinco mil personas están recluidas en esos lugares, donde las condiciones son muy dispares entre unos y otros.
El mismo día en que se anunciaba la solicitud de declaración del Estado de Excepción, Nayib Bukele prohibía el ingreso a El Salvador de extranjeros. Prohibición que se extendería días después también a aquellos salvadoreños que se encuentran fuera del territorio nacional. Quienes regresaron antes de esta prohibición fueron forzados a permanecer en cuarentena en hospitales y hoteles habilitados para tal fin. Lamentablemente, la atención en estos es altamente deficiente.
Pese a la presencia militar, la cuarentena ha sido vulnerada en reiteradas ocasiones. Unas veces por necesidad y otras por irresponsabilidad. Un caso paradigmático es el turístico municipio de La Libertad, donde sus ciudadanos mantenían un ritmo de vida muy similar al anterior a la pandemia. La respuesta de Bukele fue contundente. El 17 de abril un cerco militar tomó las calles del casco urbano y bloqueó el puerto, desconectando el abastecimiento y comercio de víveres para los pobladores de cuatro municipios. El gobierno ha ordenado el cierre completo de la ciudad, permitiendo únicamente romper el confinamiento para casos sanitarios de extrema urgencia. La decisión tomó a sus habitantes por sorpresa y es que nadie esperaba despertar con la ciudad sitiada.
Reafirmación autoritaria
El deterioro democrático en El Salvador se agudiza con la reiterada vulneración de los derechos por las políticas gubernamentales.
Para garantizar la ejecución del polémico plan de confinamiento, el presidente Bukele no dudó en aumentar la presencia militar en las calles y adoptar una polémica medida que ha enfrentado de nuevo al poder ejecutivo con el judicial: la detención de los infractores de la cuarentena para su posterior traslado a los llamados «centros de contención», marcados por las acusaciones de falta de condiciones sanitarias y la ausencia de equipos suficientes y adecuados para evitar la propagación del COVID-19. Bajo este pretexto, decenas de salvadoreños han sido detenidos de forma arbitraria.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) registró entre el 21 de marzo y el 13 de abril 471 denuncias de violaciones contra los ciudadanos, entre las que destacan “los casos vinculados a malos tratos, acoso policial y tratos crueles e inhumanos o degradantes durante los procedimientos de detención”.
Ante las acciones judiciales urgentes que fueron presentadas para proteger la integridad física de los detenidos, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha fallado “que no se realicen detenciones arbitrarias durante la vigencia de estados de emergencia o restricciones a la circulación de las personas y que toda detención cuente con el debido control judicial”.
La administración de Nayib Bukele ha demostrado en reiteradas ocasiones su desprecio por la división de poderes. El último capítulo en la pugna que mantiene con la justicia salvadoreña ha sido desacatar la resolución de la Sala de lo Constitucional. Utilizando una retórica populista propia de la nueva oleada ultraderechista, Bukele afirmó en su cuenta de Twitter que “así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir”.
Con una actitud desafiante frente a las críticas, Bukele trata de presentarse ante los salvadoreños como «el escudo contra la enfermedad». Para el presidente, quienes no están con él, están «con el virus». Desde el inicio de la emergencia sanitaria trata de bloquear el funcionamiento de una Asamblea Legislativa en la que está en minoría, bajo el pretexto de «significativas sospechas» de que la cámara está infectada por el COVID-19.
El autoritarismo del que Bukele hace gala, le lleva a fijar a Human Rights Watch como uno de sus potenciales enemigos. La ONG se ha mostrado muy crítica con su gobierno, alertando de “la vulneración sistemática de los derechos humanos” y de “la destrucción de su Estado de Derecho”.
Para Jorge Schafik Hándal, diputado del FMLN, “lo que queda claro es el talante prepotente y dictatorial del presidente que, amparado en la emergencia, está sacando su verdadera esencia, que él está por encima del Estado”.
Pese a la degeneración de la vida y de la convivencia en El Salvador, Bukele presume de la popularidad de sus medidas. Con un gran manejo de la comunicación 3.0, el autoproclamado “presidente más cool del mundo” mantiene una fiel masa de seguidores, con especial incidencia entre los sectores más jóvenes, que son muy activos en las redes sociales, su hábitat natural.
Lejos de los destellos de la propaganda, el pueblo salvadoreño está viviendo una dramática situación agravada por la negligente gestión de su gobierno. A la emergencia sanitaria, se suma una crisis económica y social recrudecida por la aplicación de un plan de contención alejado de la realidad e improvisado. El Salvador experimenta un giro autoritario con el coronavirus como telón de fondo. Acostumbrado a gobernar a golpe de tweet, Nayib Bukele se presenta como un dirigente superado por la situación, arrinconado por las críticas y reticente a un diálogo que es la única vía factible para una salida social a la crisis en la que él mismo ha sumido a su pueblo.
