El Consejo de Ministros aprobó el 15 de septiembre, el anteproyecto de una ley de memoria democrática que, previo el trámite obligatorio de consulta pública, remitirá al Congreso de los Diputados para su debate y aprobación. Es un éxito del movimiento memorialista, muy crítico, como lo fue el PCE e IU, con la ley de 2007 y su escasa aplicación. Unidas Podemos insistió para que este compromiso se incorporase al acuerdo de coalición con el PSOE y ha trabajado para proponer contenidos que permitan superar las carencias de la ley todavía vigente.

La debilidad de la ley de 2007 se evidenció durante los posteriores gobiernos del PP, cuando contó con mayoría suficiente para derogarla, ya que optó por no desarrollarla y dejarla sin aplicación, sin que esta pasividad tuviera ninguna consecuencia jurídica ni política. Por este motivo era crucial promover una nueva ley, con medidas mucho más coherentes con la necesidad de un avance democrático en nuestro país, a la que deberá sumarse un detallado desarrollo reglamentario y una voluntad política que permita dar los pasos concretos que se necesitan.

Destaca la inclusión en el texto de una condena expresa al golpe de Estado militar del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, tal y como Unidas Podemos había propuesto, al igual que la utilización del término “memoria democrática”, mucho más coherente con los principios que presiden la intervención pública en este ámbito, que no son ni neutrales ni equidistantes ante nuestro pasado histórico; la democracia española sufrió un ataque en connivencia con los regímenes nazi-fascistas que se institucionalizó en una dictadura que se prolongó durante cuarenta años, hechos que deben recordarse para condenar a sus ejecutores y cómplices, al tiempo que honrar a sus víctimas y a quienes lucharon sin descanso por el retorno a un sistema de libertades y derechos sociales.

En el anteproyecto de ley se profundiza en el reconocimiento de la condición de víctima, con una redacción más detallada, y la puesta en marcha de un censo de víctimas que haga efectivo el derecho a la verdad. Se recoge la propuesta de Unidas Podemos de declarar nulas y sin ningún efecto jurídico las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos e ideológicos contra quienes defendieron la legalidad republicana o se comprometieron en la lucha por la democracia, las libertades y los derechos ciudadanos. Esta declaración de nulidad dará derecho a una declaración de reconocimiento y reparación personal, que expedirán las autoridades públicas y debe convertirse en un homenaje oficial a quienes fueron condenados injustamente.

La nueva normativa propuesta regula con detalle el proceso de localización e identificación de las personas desaparecidas como consecuencia de la represión franquista, un hecho que supone una vergüenza para el país y un agravio para los familiares, después de tantos años de olvido. Se establece que será una obligación y una competencia del Estado la búsqueda de las personas desaparecidas, que confeccionará un mapa integrado de localización y un banco nacional de ADN de víctimas de la guerra civil y la dictadura. Se declara el derecho de los familiares a la exhumación sufragada por fondos públicos y, en su caso, a la identificación y sepultura digna, dando traslado, como siempre se ha insistido desde el PCE e Izquierda Unida, al Ministerio Fiscal para que valore la existencia de delitos. En este mismo sentido, es un claro avance la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos.

El anteproyecto contempla una revisión de oficio de las distinciones, condecoraciones y títulos concedidos por el franquismo, en los términos que el grupo parlamentario de Unidas Podemos planteó en la reciente polémica sobre las concedidas al torturador conocido como Willy el Niño. En lo relativo a los lugares de memoria, con una regulación muy extensa, destaca la recuperación del Valle de los Caídos para la gestión directa por parte de Patrimonio Nacional y la resignificación de todo el complejo para convertirse en un lugar donde se expliquen los crímenes del franquismo. Tal y como recogían las proposiciones de ley de Izquierda Unida en pasadas legislaturas, se introduce un régimen sancionador muy detallado, instrumento necesario para garantizar que la ley se aplica en todas las administraciones públicas e instituciones privadas, como la Iglesia católica.

A mi juicio quedan todavía aspectos importantes por abordar, en algunos casos matices significativos y en otros cuestiones de calado, como la declaración de nulidad de los epígrafes de la Ley Amnistía que son contrarios al derecho internacional, en concreto a la imprescriptibilidad y prohibición de amnistía de los crímenes de lesa humanidad. En todo caso, durante los meses que dure la tramitación parlamentaria, el reto decisivo será ganar la batalla de ideas frente a una derecha cada vez más reaccionaria, en la cual el movimiento memorialista debe jugar un papel destacado, al mismo tiempo que el proyecto de ley se mejora y amplia con los temas que permanecen pendientes. No será un debate fácil. Tendremos enfrente el poder social y mediático de quienes se beneficiaron de la dictadura. Está en juego una identidad democrática para el nuevo país que está por construir.