Desde la coordinación de colectivos colombianos en España solicitan al Presidente del Gobierno del Estado Español, Pedro Sánchez y a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Arancha González Laya, la activación de la cláusula de derechos humanos del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia y la exclusión de la OTAN de Colombia como Global Partner.
Ante la violación sistemática de los derechos humanos en Colombia, los colombianos en España solicitaron a los partidos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales en España acompañamiento en esta solicitud al Gobierno de España firmando la carta y en la movilización de este sábado, 15 de mayo.
Miles de personas se han dado cita en Madrid para exigir que pare la masacre de civiles a manos de la fuerza pública y en apoyo a las reivindicaciones del Paro Nacional en Colombia. La marcha ha sido festiva, llena de expresiones musicales y consignas de denuncia al gobierno de Iván Duque.
REUNIÓN CON GONZÁLEZ LAYA
La coordinación de colectivos colombianos en España ha solicitado una reunión con la Ministra Arancha Gonzalez para hacer entrega oficial de la carta con el respaldo de todas las firmas.
Reproducimos la carta íntegra a continuación:
Madrid, 10 de mayo de 2021
Coordinación de colectivos colombianos en España
Presidente del Gobierno del Estado Español, Pedro Sánchez
Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Arancha González Laya
Madrid, España
Solicitud activación cláusula de derechos humanos del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia, así como la solicitud de exclusión de la OTAN de Colombia como Global Partner
Excelentísimo Señor Pedro Sánchez y Sra. Arancha González Laya:
La oscura noche no ha cesado, durante doce días de movilización social los ciudadanos y ciudadanas de Colombia y el mundo entero hemos sido testigos de la violación sistemática de los derechos humanos de la población. El balance es estremecedor, las organizaciones de derechos humanos han reportado hasta el día de hoy 47 personas asesinadas, 463 detenciones arbitrarias, 12 casos de violencia sexual, 548 desaparecidos, 278 agresiones realizadas por la policía y 1876 hechos violentos.
La gestión de la protesta social por parte del presidente de la República de Colombia Iván Duque, ha generado una espiral de violencia sin precedentes. El gobierno ha estigmatizado y criminalizado el derecho legítimo a la protesta consignado en la Constitución política de Colombia y en diferentes tratados internacionales. La retórica y la acción del gobierno, sostenida por el partido Centro Democrático, ha fortalecido y respaldado las posiciones de la Fuerza Pública que actúa asimétricamente y en modalidad de guerra contra la población.
Muestra de ello es la actuación en el que se considera como el epicentro de las movilizaciones en los últimos días, la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, en donde la Fuerza Pública ha utilizado armas en contra de la población civil. La comisionada Juliette de Rivero señaló a la policía local de disparar contra miembros de la Comisión de Naciones Unidas de Derechos Humanos en Colombia. En este contexto, las fuerzas de seguridad han permitido que grupos de civiles armados disparen contra manifestantes desarmados tal y como ocurrió con los pueblos indígenas asentados en la Universidad del Valle el 9 de mayo de 2021.
En este contexto, el sistema de Naciones Unidas en Colombia realizó un llamado a la Fuerza Pública sobre el cumplimiento y respeto de los DD.HH. Asimismo, el jefe de la diplomacia europea, el español Josep Borrell, señaló que el derecho a la movilización, junto con la libertad de reunión pacífica, asociación y libertad de expresión, es esencial para cualquier democracia, debe ser respetado y protegido, no reprimido por la fuerza.
El gobierno colombiano no sólo desacata los llamados de la comunidad internacional, sino que constantemente los rechaza y cuestiona los abusos de la Fuerza Pública, a pesar de las múltiples evidencias y denuncias ciudadanas que circulan por los medios de comunicación alternativos y en las redes sociales, ante la desinformación de los principales medios de comunicación.
La Unión Europea, y en este caso concreto España, son garantes universales de la Declaración de los Derechos Humanos, tienen las herramientas para solicitar al gobierno de la República de Colombia que cese la violencia contra los manifestantes y construya puentes de diálogo con los representantes de las diferentes organizaciones que convocaron el Paro Nacional, para de esta manera, tramitar el conflicto por la vía pacífica y democrática.
En este orden de ideas, el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia signa en su artículo primero “Tal y como establece el artículo 1, párrafo 1 del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, el respeto de los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el de los principios que sustentan el Estado de Derecho, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes. El respeto de dichos principios constituye un elemento esencial del presente Acuerdo”.
Y en atención a que el TLC UE-Colombia implicó que el Parlament Europeo solicitara para su aprobación en la resolución 2012/2628(RSP) pidiera “[…] los países andinos que garanticen la elaboración de una hoja de ruta, transparente y vinculante, sobre derechos humanos, medioambientales y laborales, que debe dirigirse esencialmente a salvaguardar los derechos humanos, ampliar y mejorar los derechos de los sindicalistas y proteger el medio ambiente; sugiere que tengan en cuenta el Plan de Acción sobre Derechos Laborales entre Colombia y los Estados Unodps”, solicitando explícitamente entre otras “la adopción de las medidas necesarias para poner fin a la impunidad, investigando, actuando penalmente y castigando en tribunales civiles a aquellas personas con mayor responsabilidad tanto intelectual como material en los delitos cometidos en Colombia”.
Por tales razones y evocando el compromiso inequívoco de España con la protección de los Derechos Humanos, hacemos respetuosamente la siguiente solicitud:
– Solicitar la denuncia del TLC entre la Unión Europea y Colombia, dado el fragante incumplimiento del artículo 1 del capítulo de disposiciones judiciales, el cual se sustenta sobre el cumplimiento cabal del Estado de derecho y la declaración universal de los Derechos Humanos.
– Solicitar la exclusión de Colombia como global partner de la OTAN, dado que su Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas y Policía – bajo el mando del Ministerio de Defensa- incumplen el compromiso con la protección de los derechos humanos.
– Solicitar el cese de las relaciones de cooperación bilateral entre las Fuerzas Armadas Españolas y Policía Nacional de España con las Fuerzas Armadas Colombianas y la Policía Nacional de Colombia, dada la continua violación de derechos humanos a la población de Colombia.
– De acuerdo con los principales tratados internacionales de derechos humanos, desde las instancias correspondientes se exija al gobierno colombiano su obligación de protección de los derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad, con una verificación sistemática de su cumplimiento.
– Se solicita que el gobierno español y la Comisión Europea le exija al gobierno colombiano que depure responsabilidades en la Fuerza Pública para que haya reparación a las víctimas del abuso policial y militar, así como garantías de no repetición.
Adjuntamos listado reportado por medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos sobre civiles asesinados en el curso del Paro Nacional entre el 28 de marzo y el 5 de mayo de 2021.
Todos los abajo firmantes agradecemos de antemano la atención de los dos y esperamos por favor atiendan nuestras solicitudes.
