Durante los próximos seis meses se van a decidir tres reformas fundamentales para el escenario audiovisual que amenazan a la calidad de la democracia en España.

La reforma de la ley de financiación de RTVE, la transformación de la ley general audiovisual, que denunciamos en el suplemento de cultura y comunicación de esta edición de Mundo Obrero, y la actualización en el Parlamento del mandato marco para RTVE le pueden hacer mucho daño al servicio público y a la calidad de la democracia al someter al negocio de las nuevas tecnologías el sistema de producción, distribución y consumo de la comunicación.

En vez de avanzar hacia la democratización de la información, las reformas en preparación caminan en el sentido contrario, pasando del servicio público esencial al servicio de interés económico general, asumiendo la doctrina del PP para la privatización de los medios de las comunidades autónomas y expulsando a las organizaciones de los ciudadanos del imprescindible equilibrio entre el servicio público, los negocios audiovisuales y las iniciativas sociales.

Si en las decisiones del gobierno se impone el poderoso sector neoliberal del PSOE, el escenario de los medios de comunicación quedará bajo el dominio de los negocios audiovisuales que consideran a la información como una mercancía y secuestran el conocimiento y la capacidad crítica que dan sentido a una auténtica democracia.

Las tres reformas se están manejando casi en secreto, sin debate público y en sintonía con la corriente mayoritaria de la Unión Europea que avanza continuamente en la imposición del mercado contra la democratización de los medios de comunicación.