Había demasiados focos como para dar a conocer los detalles. Moncloa y el Partido Popular acababan de cerrar la negociación para la elección del Consejo de Administración de RTVE. La noticia era evidente, se trataba del primer acuerdo para la renovación de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas, entre otras. El acuerdo, como luego se conocería, cedía al PP importantes espacios de poder y gobierno en TVE. Para hacerlo posible era importante el nombre del presidente. Ni frío ni calor, ni arriba ni abajo, el sí o el no según el viento que sople, José Manuel Pérez Tornero.
RTVE volvía a ser ignorada, su poder transformador acallado, asignaturas pendientes como la mejora del servicio público o del pluralismo político y social deben esperar a otro momento, quizás nunca. El potencial poder democratizador de la radio y la televisión de titularidad estatal quedaba en hibernación hasta nueva década.
“Bajo el capitalismo lo que se ha dado es que finalmente la libertad de comunicación es una libertad de los medios de comunicación”. Sobre la idea del filósofo belga y referente en las relaciones entre poder y medios de comunicación Armand Mattelart se construye la realidad de los medios, también en nuestro país. En España los voraces usos y costumbres del PSOE y del PP vienen demostrando históricamente su obsesión por controlar toda libertad que de la comunicación derive. Por eso, como ya se ha apuntado, la Corporación RTVE no podrá, salvo mayúscula sorpresa, zafarse del abrazo del oso en el que se encuentra atrapada. La regulación e intervención positiva, como más adelante defenderemos, es urgente.
El máximo organismo de dirección de RTVE, el Consejo de Administración, se constituyó el 26 de marzo. Es un órgano no remunerado y sin dedicación exclusiva. Está compuesto por 10 profesionales: 4 propuestos por el PSOE, 3 por el PP, Unidas Podemos propuso 2 y 1 el PNV. El presidente Pérez Tornero, que es uno de los 10 consejeros, trabaja con denuedo para apartar al consejo de la toma de decisiones. Lo hace contrariando la doctrina del Tribunal Constitucional, ahí donde subraya que el Consejo de Administración debe ser el máximo órgano rector de la Corporación RTVE.
SIGUE INTERVENIDO EL PERIODISMO EN RTVE
¿Por qué esta rebeldía inconstitucional? Se pretende, como está sucediendo, la elección arbitraria de gran parte de las áreas de dirección de la empresa, muy especialmente en la estructura de informativos. Así es posible que el presidente pueda ir colocando en puestos de responsabilidad a profesionales reiteradamente sancionados por manipular la información, que se caracterizan por su ciega adhesión a las órdenes del Partido Popular y provocaron la revuelta de los viernes negros.
Un despido político es un atentado muy serio cuando se produce en democracia. Censurar ideas es rebajar los estándares de calidad de los derechos humanos de un país. Ambas cosas han ocurrido recientemente en TVE. El despido del periodista Jesús Cintora fue una de las reiteradas exigencias del PP desde que en noviembre del 2020 comenzara el programa Las cosas claras.
Diario de sesiones, 24 de junio 2021, palabras de la portavoz popular Macarena Montesinos a Pérez Tornero: “Los hechos que conocemos hasta ahora son que un programa como el de Cintora, que usted no considera relevante para una cadena pública, se prorroga hasta el 22 de julio, cuando empiezan las olimpiadas, pero no sabemos si con posterioridad a las olimpiadas se va a continuar prorrogando”. En la misma sesión el diputado popular Eduardo Carazo pidió “señales visibles” de cambio. La exigencia popular fue satisfecha, el programa no continuó después de los Juegos Olímpicos. Tornero aceptó las injerencias del PP y decretó su cierre, a pesar de los excelentes datos de audiencia que aportaba en la programación de TVE. La vanidad de unos pocos despachos se impuso a los derechos colectivos de información y expresión del conjunto de la sociedad, principios esenciales que sostienen el pluralismo político según la Constitución, un valor superior del ordenamiento jurídico. Con el cierre político del programa codirigido por Jesús Cintora, el Partido Popular, solo o en compañía de otros, decretó la censura sobre determinados asuntos, muy principalmente las tropelías del emérito. Informar sobre los presuntos delitos de la corona, como se hacía en Las cosas claras, fue decretado tabú. El mensaje a los profesionales de RTVE estaba claro y no era el primero.
Ya a principios de junio el PP había impedido que una gran profesional del periodismo, con décadas de experiencia y acreditada solvencia en la empresa pública, fuera nombrada responsable de los servicios informativos de RTVE. El propio Pérez Tornero repetía el argumento del PP: “Es que en Génova le llaman la Pasionaria”.
Al cierre político de Las cosas claras y a los vetos del PP pueden sumarse otros episodios como la censura que los informativos de TVE aplicaron a los actos de la Fiesta del Centenario del PCE y la prohibición de viajar al Sáhara Occidental con una comitiva de periodistas internacionales impuesta a los profesionales de RTVE. ¿Dónde queda la libertad del medio de comunicación y de sus profesionales? El periodismo en RTVE sigue intervenido. Ni el presidente de RTVE ni sus profesionales están sabiendo hacer frente al problema. Los segundos, al menos lo intentan. El primero trabaja en dejar claro que el mantra que finge y proclama por el pluralismo interno podrá ser realidad siempre y cuando resulte del gusto del PSOE y del PP. Una ficción por tanto.
Nos enseña el profesor Paco Sierra que “la comunicación es una cuestión de salud pública y de Estado”. Mucho más por tanto que la mirada capciosa con la que la mayoría socialista del gobierno ha instrumentalizado el desarrollo de la Ley 5/2017 para empequeñecer y dejar sin efecto el compromiso en ella establecido de “recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos”. Valerse de RTVE a modo de desengrasante para la renovación de otras instituciones básicas del Estado es, de nuevo, poner en evidencia cómo se entiende desde el PSOE la prestación del servicio público. El paseo bajo palio mediático con la que los servicios informativos de TVE trataron la reciente convención del PP no tiene nada que envidiar a cualquier uso hecho por Berlusconi en su emporio audiovisual.
LA REFORMA DE LA LGCA JIBARIZA EL SERVICIO PÚBLICO
Ocupados tantos en la instrumentalización de RTVE, se dejan de atender los problemas estructurales de la Corporación. La Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) sigue su trámite en esta legislatura. El texto del anteproyecto de ley jibariza las posibilidades de prestación del servicio público y de utilidad democrática de la radio y la televisión estatal para beneficiar al negocio privado. Se quiere imponer el interés económico de la comunicación, un grave riesgo para la salud de la democracia.
El problema presupuestario es también esencial. Desde la entrada en vigor de la Ley 8/2009 de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, el gobierno adeuda a RTVE 3.800 millones. El déficit de ingresos por cuenta del Estado es, en los últimos doce años, de 315 millones de euros anuales.
El derecho de acceso en TVE y RNE, que sería uno de los altavoces más poderosos de la sociedad civil para darse a conocer y divulgar sus propuestas, sigue siendo ignorado en este nuevo tiempo de la corporación pública.
Toca mirar hacia adelante. RTVE no puede permitirse, en este ecuador de la legislatura, dos años de condescendencia y entrega a los intereses de los principales partidos políticos. La sociedad necesita de los medios públicos, muy especialmente en este momento cuando la desinformación es un arma de destrucción masiva en un contexto donde la ultraderecha pretende cortocircuitar los canales por los que fluye la información. El espacio de la comunicación debe ser un espacio amplio, democrático y de libre acceso. Para sostenerlo debe ser intervenido, una intervención hecha en beneficio de la democracia y del bien común, no de los intereses del mercado. En este objetivo hay que estar especialmente vigilantes con los movimientos de las grandes corporaciones privadas, Atresmedia y Mediaset, y con los intereses del capital que las sostiene.
El Parlamento debe arrimar el hombro. Unidas Podemos especialmente y los partidos que trabajan por la mayoría parlamentaria deben comprometerse en la redacción del II Mandato Marco para RTVE, solo ahí se abre la posibilidad de romper el anquilosamiento que desde hace décadas esclerotiza todo proyecto de mejora de la televisión y la radio pública.
Escuchemos a Boaventura de Sousa Santos. Hay que regular los medios, muy especialmente los públicos y muy especialmente RTVE. Los avances sociales lo son porque suceden y porque así son percibidos y reconocidos por la sociedad. Este catedrático y doctor en Sociología del Derecho por la Universidad de Yale recuerda cómo los medios de comunicación de Brasil, finalizados los mandatos de Lula y Dilma, se afanaron en diluir la idea de que los grandes avances sociales conseguidos tenían un partido político que los hizo posibles. Llegó la ultraderecha.
Cuando uno es realmente idiota, ya lo decía Cortazar, “el entusiasmo no es una cosa que se gaste”. Con ese entusiasmo llamamos al cambio. La actual RTVE es muy reconocible con la de la última década, una corporación triste y malograda, incapaz de cumplir con sus responsabilidades constitucionales. No es tiempo solo para catedráticos, también los idiotas son imprescindibles, más si cabe.
(*) Maite Martín del Caz, Secretaria General de CCOO en RTVE / Roberto Lakidain, Miembro del Consejo de Administración de RTVE
