Sepultadas por la atención sobre la guerra de Ucrania, las noticias sobre la corrupción que se han publicado en las últimas semanas son abrumadoras. En octubre de 2021, el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y secretario general del PCE, Enrique Santiago, denunciaba en una rueda de prensa cómo se dejaban prescribir los delitos que se atribuyen al rey Juan Carlos I. Además de no abrirse una investigación sobre los hechos que se le imputaban, el Tribunal Constitucional demoraba la resolución del recurso contra el archivo de la querella presentada en su contra por Unidas Podemos. Todo apuntaba en una dirección. La previsión se cumplió con una precisión pasmosa. Tras dieciséis meses de investigación sobre la fortuna del rey emérito, la Fiscalía General del Estado acaba de poner fin a sus actuaciones en este asunto. Se alega la prescripción de los delitos y la condición de inviolable de Juan Carlos I. Sin embargo, la propia fiscalía constata que ocultó ganancias a la hacienda pública y cometió fraude fiscal entre los años 2008 y 2012. En la primera de las tres investigaciones abiertas en la fiscalía del Tribunal Supremo, sobre la donación de 100 millones de dólares que el monarca percibió del entonces rey saudí en 2008, se sospechaba que el dinero provenía en realidad de una comisión cobrada por la adjudicación del AVE de La Meca a Medina.
Ocultado por la votación sobre la reforma laboral el mismo día que se sometió al pleno del Congreso, se aprobaron las conclusiones de la comisión de investigación sobre la “Operación Kitchen”. Tras meses de comparecencias y de recabar información, se dictaminó que Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal ordenaron la utilización de “los efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior para hacer un seguimiento y encontrar las pruebas que obraran en poder del extesorero Luis Bárcenas y que inculparan al Partido Popular sobre la financiación irregular y los casos de corrupción durante los años en que gobernaban”. No hay nada nuevo que no se conociera de antemano, pero las conclusiones refuerzan esa consideración del PP como “organización criminal” que utilizó en su día el juez Eloy Velasco durante el enjuiciamiento de la trama “Púnica”. No sólo es corrupción, va mucho más allá, se evidencia la utilización policial de las instituciones públicas para el provecho político y personal del entramado derechista.
El colmo de esta sucesión de constataciones ha sido la evolución del caso Ayuso. La guerra interna por el control del PP destapó no sólo el presunto trato de favor a su hermano en la adjudicación de varios contratos, sino también la existencia de una trama de espionaje que utilizaba las estructuras del Ayuntamiento de Madrid para las disputas internas por el poder. Ángel Carromero, coordinador general de la Alcaldía, fue sacrificado de manera fulminante y expulsado por la puerta de atrás por el inefable José Luis Martínez Almeida, casi con la misma rapidez que abandonaba a su mentor Pablo Casado tras perder este el control del partido. Más allá del sainete en que se ha convertido la lucha interna del principal partido de la derecha, es escalofriante la reiteración de patrones como la utilización de recursos públicos para hacer seguimientos, chantajes y quien sabe qué otro tipo de lindezas que no han salido a la luz. Todo lo sucedido justifica el temor de quienes piensan que, si se comportan de esa forma mafiosa entre ellos, ¿qué no serían capaces de hacer con sus enemigos políticos que cuestionaran no sólo sus intereses particulares sino el conjunto del sistema que los sustenta?
La normalización de la impunidad judicial y política, la banalización de la corrupción y de las prácticas mafiosas, podría hacernos pensar que este tipo de comportamientos no pasan factura. Hemos visto una manifestación de miles de personas en apoyo de Isabel Díaz Ayuso tras una grave imputación relacionada con los tiempos duros de la pandemia. Alfonso Fernández Mañueco, con graves acusaciones en su contra, se acaba de convertir en presidente de Castilla y León. La crisis desatada en la cúpula del PP parece estar encauzada tras la segura sucesión de Pablo Casado por Alberto Núñez Feijóo, con la falsa imagen de hombre centrado y dialogante. La envergadura de lo sucedido en España en los últimos meses no parece hacer mella en la agresividad de una derecha que no cesa en su demagogia y mantiene altos los porcentajes de votación. Pero, tras la sensación de jugada redonda que pudiera aparentar, la tensión en la derecha no parece que vaya a desaparecer con tanta facilidad.
Tanto Isabel Díaz de Ayuso, como José Luis Martínez Almeida y, en el futuro, Alberto Núñez Feijóo dependen en gran medida de la extrema derecha de VOX, como se ha evidenciado en el reciente nombramiento de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León. No es que el partido de Santiago Abascal sea menos propenso a la corrupción y a la utilización ilegítima de las instituciones del Estado -provienen en definitiva de la misma cuna-, pero como sucede con las organizaciones mafiosas, cuando un nuevo actor irrumpe en el terreno de otro la guerra está asegurada.
La primera expresión de esta tensión son las concesiones políticas para pactar gobiernos, un precio que VOX impone y que mellará el falso discurso centrista del nuevo líder de la derecha. En este sentido, son muy significativos los contenidos básicos con los que el Partido Popular en Castilla y León ha inaugurado los gobiernos con la ultraderecha. Derogar la Ley de violencia de género “para acabar con ese feminismo que se aprovecha del sistema para subsistir mediante subvenciones”. Rechazar las políticas impulsadas desde la Agenda 2030 y en especial las medidas ecológicas que impulsa la comunidad internacional. Dar un paso atrás en las escasas actuaciones de memoria democrática que se hubieran desarrollado en la región.
Mismo modelo económico
Como era de esperar no hay diferencias en el modelo económico o cambios estructurales, el peaje es claramente ideológico y de disputa del espacio político, un terreno que se agota al poco de enunciarse y que prefigura un escenario de inestabilidad permanente como ya ha sucedido en los gobiernos que dependen del apoyo externo de VOX. Núñez Feijóo lo tendrá difícil para repetir un escenario a la gallega con mayoría absoluta, hoy por hoy, no lo olvidemos, es la alternativa que puede llevar a la extrema derecha al gobierno de España.
La polarización y la presión mediática derechista de estos últimos años ha podido normalizar la corrupción y banalizar comportamientos que en otra coyuntura hubieran implicado una quiebra en el sistema de partidos, pero no pasará en balde. No olvidemos que Mariano Rajoy cayó por el caso Gürtel después de una desastrosa gestión y de sortear numerosos escándalos. La contradicción del nuevo panorama de la derecha española sigue presente y se agudizará, no hay señales que indiquen que las contradicciones y la degeneración que la corroe vayan a desaparecer por una operación de imagen. Por de pronto José Luis Martínez Almeida deberá afrontar una investigación sobre el espionaje presuntamente cometido desde la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid, con una correlación de fuerzas que hace imprevisible su resultado. Isabel Díaz Ayuso seguirá marcando su discurso propio, desde un trumpismo que le ha resultado muy rentable, en contraposición a los cantos de sirena de los barones del PP a la “gran coalición” y los pactos de Estado de algunos de los principales apoyos del nuevo líder de la derecha. La cruda realidad de la disputa por el espacio político nos volverá a dejar la misma competición y los enfrentamientos de las distintas formaciones de la derecha, en un escenario de polarización que las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania pueden incrementar. Pablo Casado pasará a la hemeroteca histórica sin muchos méritos, pero no se acabará con él la degeneración de la derecha española.
Todo lo anterior no significa que la única opción de la izquierda sea esperar sentados. Desde luego será necesario un trabajo constante de lucha contra la impunidad, un empeño que debe ser abordado por el conjunto de los grupos institucionales y desde los movimientos sociales, de lucha ideológica y moralización de la vida pública, de concienciación ciudadana en definitiva, porque la degradación ha sido profunda y ha afectado a todos los sectores. Frente al reino de la corrupción es preciso levantar la república de la honestidad. Hoy más que nunca destaca la importancia de un cambio político democrático en profundidad que recupere derechos, acabe con los privilegios a todos los niveles y abra una nueva era de honestidad para nuestro país.
