La memoria democrática en España sigue manteniendo el déficit de desarrollo que tenía antes de la a probación de la actual ley, que entrara en vigor el pasado 21 de octubre: si no se aprueban reglamentos para hacerla efectiva a escala nacional, si no se conforman estructuras, organismos y demás elementos que permitan activar todas y cada una de las proposiciones que en ella se establecen, podemos entender que está abocada a tener el mismo recorrido que la anterior de 2007. No hay más que ver los planteamientos contrarios que se están haciendo desde diversas Comunidades Autónomas para visualizar la urgencia que supone garantizar un marco legal óptimamente armado que no permita ningún intento de atentado contra los valores democráticos, no consienta el blanqueamiento del franquismo y no garantice los derechos de sus víctimas.
Si las señales de la actitud de la derecha nacional española jamás desaparecieron del panorama político, ni mucho menos del social ni del cultural, la aprobación de la nueva ley ha aumentado la reacción contra todo aquello que consideran atentado a su interpretación de la realidad histórica en la España del pasado siglo: desde el conflicto social por el que avanzaron las conquistas laborales, ciudadanas y políticas; a la visión de la II República, de la guerra, de la dictadura que siguen manteniendo; hasta la foto fija del periodo de transición al modelo democrático que sustentan enardecidamente. Pruebas hay demasiadas, pero detengámonos tan sólo en alguna significativa por revisionista y tergiversadora: el gobierno de la Comunidad de Madrid abre un proceso para proteger jurídicamente la cruz de la basílica de Cualgamuros y evitar con ello, tras la anunciada resignificación del lugar, que un símbolo religioso como ese pueda verse en peligro de desaparecer, a partir de una Ley de Patrimonio Cultural argumentando su necesidad con el subterfugio de la defensa de los bienes culturales de la región, de… todos los bienes muebles, inmuebles, inmateriales, espacios o elementos que constituyan testimonio y expresión significativos de la identidad, la cultura y las formas de vida tradicionales de la Comunidad de Madrid… dicen.
Igual sucede con la pretensión de salvaguardar dos reliquias franquistas existentes en la provincia de Burgos: el águila de Sagardía y el que fuera mausoleo de los 384 miembros de los camisas negras italianos fallecidos durante los combates del frente norte en 1937 e inaugurada en 1939 en el valle de Valdebezana del puerto del Escudo. El recinto dejó de ser sepultura cuando, en los años setenta, los restos allí depositados se trasladaron a Zaragoza o la propia Italia, para convertirse en parte del paisaje que le rodea hasta su intencionado rescate del olvido para solicitar una inmediata protección de las administraciones públicas regionales, aún sin saberse con certeza de quién es propiedad. Las voces protectoras interpretan que el edificio abandonado a su suerte tiene un notable valor arquitectónico (estructura de hormigón chapado en piedra en forma piramidal) y su demolición sería cuanto menos un despropósito [sic] por lo que quieren que sea integrado en el Inventario de Bienes Culturales de Castilla y León con el aplauso de VOX y el beneplácito del PP, allí gobernantes, para su definitiva protección. Un detalle que no se debe olvidar es que la obra fue realizada por presos republicanos.
Según sus defensores, el espacio conocido como el Águila de Sagardía (Antonio Sagardía, general al mando de la 62 División del Ejército de Navarra en avance hacia Santander por el puerto del Escudo) mantiene un importante valor castrense ya que la forma de águila imperial (hecha también de hormigón y mármol, como la cercana pirámide) representa al ejército franquista rodeado con la lista de batallones y banderas que formaban la mencionada 62º División y sus gestas de campaña.
Puro revisionismo histórico que acampa sin atisbo ni voluntad de atajar y combatir. Y la Ley de Memoria, puesta en marcha al ciento por cien, podría convertirla en una buena vía eficaz para hacerlo. Insistiendo; se nos hace imprescindible la puesta en marcha de todos y cada uno de sus mecanismos que garanticen el desarrollo de todos y cada uno de los contenidos de la Ley de Memoria. Si no, nos encontraremos ante una irremediable derrota y un futuro oscuro y incierto.
