Enrique Santiago, cabeza de lista de Sumar por Córdoba a las elecciones del próximo 23J y hasta el término de la anterior legislatura portavoz adjunto del  GCUP-EC-GC en la comisión de Justicia del Congreso, participó ayer día 13 de julio en el Debate sobre Justicia organizado por el Consejo General de la Abogacía Española con los responsables de Justicia de PSOE, PP, Vox, Sumar y ERC

Entre las diferentes cuestiones que se abordaron en relación a los problemas de la justicia, el candidato de Sumar se refirió al derecho de los abogadas y abogados a conciliar su vida laboral y profesional como cualquier otro trabajador.

Existía una absoluta falta de regulación, señaló Santiago, “en ningún caso a los abogados y abogadas se les aplicaba ninguna medida que coincidiera con la regulación de la legislación laboral para estos casos de conciliación”. “Se ha avanzado –añadió- pero vamos a ver como aplican los tribunales las normas que han permitido estos avances”.

En ese sentido puso como ejemplo el derecho a solicitar las suspensión de los procedimientos, actos y plazos procesales durante el periodo de descanso según la legislación laboral y de la Seguridad Social. “Eso requiere una aprobación por parte del tribunal y lo dice un servidor –ironizó Santiago- que tuvo el placer inmenso de que la Audiencia Provincial me señalara una vista el día siguiente a casarme. Y me tuve que hacer la vista”.

Santiago explicó que Sumar tiene la voluntad de seguir avanzando en las cuestiones de conciliación laboral de los abogados y abogadas y está en su programa racionalizar los horarios de las vistas. “Si hay que conciliar –añadió- hay que fijar horarios claros, sin retrasos para poder conciliar. Y sobre todo acabar con las salidas indeterminadas de los juzgados por parte de los profesionales que trabajan en la Administración de Justicia”, concluyó.

En relación a los profesionales del turno de oficial y al derecho a la defensa de los ciudadanos, Santiago declaró que hay que garantizar que las personas sin recursos tengan el debido asesoramiento, representación y calidad de defensa, “imprescindible para que realmente podamos decir que Estamos en un Estado de derecho”, declaró. “Nosotros en nuestro programa electoral –añadió- lo que establecemos es la necesidad de incrementar los recursos del servicio, que abordemos ya el fin de una situación de insuficiencia de recursos y el retraso de los abonos profesionales”.

En cuanto al derecho al servicio de justicia gratuita, declaró que hay que elevar los umbrales de renta, también que es necesario la dignificación del servicio, así como la simplificación del procedimiento de reconocimiento de asistencia jurídica gratuita, además de la posibilidad de elegir entre los letrados adscritos y sustituirlos cuando se ha perdido la confianza.

En relación a los pactos de Estado en relación a la Justicia, Santiago descartó que

un Pacto de Estado “sea un pacto entre dos partidos. Por muy mayoritarios que sean. Un Pacto de Estado lo es entre todas las fuerzas políticas”. “Exige una voluntad –señaló- y dudo mucho que en el actual contexto sea posible un Pacto de Estado cuando nos hemos encontrado que lo que no ha habido ha sido voluntad de cumplir la Constitución para renovar el Consejo del Poder Judicial”.

“El mandato de la Constitución es claro –declaró Santiago- el Consejo General del Poder Judicial hace nueve años va para diez que se eligió. Es una auténtico escándalo. Es un órgano deslegitimado, sin ningún tipo de mandato ya constitucional. Creo que lo que hace falta es cumplir la Constitución”.

Tachó también de inaceptable que el Partido Popular haya intentado un acuerdo para renovar el CGPJ imponiendo como condición sine qua non que se cambiara la ley. “¿Dónde se ha visto –protestó Santiago- que para construir un acuerdo de Estado la minoría exija a la mayoría que legisle como le gusta a la minoría? Eso es una excusa de mal pagador”.

En cuanto a la mejora de la Administración de Justicia como servicio público, de garantía de contenido esencial de servicio público consideró que se conseguirá con “mejores herramientas legislativas pero también con más medios materiales, con mejoras de las condiciones de trabajo de los cuerpos generales y de los cuerpos especiales y con la focalización de las inversiones donde se tienen que hacer”.

En ese sentido, expresó que el compromiso de Sumar “es continuar trabajando para que, por lo que respecta a los abogados y las abogadas, se avance en la próxima legislatura. Se apruebe una ley del Derecho a la Defensa partiendo de todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Se avance en la conciliación, entre la vida familiar y profesional en los términos que ya se ha comenzado a hacer pero que hay muchas más cosas que conseguir. Y desde luego se avance en un modelo de integración de quien así lo desea, de las aportaciones a la mutualidad en el régimen general de Seguridad Social. Para nosotros, eso es básico y es fundamental”.